Durante estos duros meses de pandemia, las personas migradas sin papeles
que viven en el Estado español soportan el confinamiento y sus
consecuencias sociales y económicas como el resto de la población, pero
en peores condiciones.
La privación de sus derechos más elementales,
consecuencia de no disponer de permiso de residencia, las coloca en una
situación de especial vulnerabilidad.
Tienen un difícil acceso a
la sanidad pública al carecer muchas de ellas de Padrón y/o de Tarjeta
Sanitaria. Esta invisibilidad de su situación sanitaria es un riesgo
para ellas y para toda la sociedad.
Sus trabajos, cuando los tienen,
son inevitablemente en la economía sumergida; para ellos no cabe
prohibición de despido, ni permiso retribuido, ni ERTE, ni cobro del
paro. Muchas han perdido el trabajo por el confinamiento.
Una gran
cantidad de mujeres sin papeles y sin contrato alguno, las trabajadoras
del hogar y los cuidados, cumplen un papel imprescindible en estos días
al cuidar a personas mayores de grupos de riesgo, incluso en contacto
diario permanente al trabajar como internas y sin ningún tipo de Equipo
de Protección Individual (EPI).
Sus escasos recursos económicos, por
la precariedad de sus trabajos, las obligan a vivir en habitaciones
compartidas realquiladas, haciéndose imposible mantener las distancias
de seguridad. Al mismo tiempo, puesto que muchos ayuntamientos no
reconocen el padrón sin domicilio, les priva del derecho universal al
padrón.
Cuando salir de casa solo es posible en condiciones muy
determinadas, su miedo a que la policía las detenga y actúe de acuerdo
con su irregularidad administrativa está completamente justificado.
Toda
esta serie de circunstancias las llevan a enfrentar el posible contagio
en condiciones de inferioridad y exclusión social. Los mapas que
detallan la expansión de la pandemia demuestran que la población
migrante es más vulnerable a la infección y también a la muerte. Protege
a muchos, en parte, su juventud, pero el hacinamiento y la desnutrición
puede hacer estragos entre ellos.
Por otro lado, las
circunstancias excepcionalmente graves que vivimos convierten en
ridículos muchos de los requisitos legales para conseguir los papeles.
¿Quién en esta situación de retroceso y paralización de la economía
puede conseguir un contrato de un año como exige el Reglamento de la Ley
de Extranjería?
La emergencia sanitaria imposibilita las
deportaciones, por lo que los CIEs, ya de por si insalubres, deberían
cerrarse inmediatamente liberando a las personas que todavía están
recluidas en varios de ellos.
La aportación de la población migrada
en la defensa de la sociedad frente al virus sería de enorme importancia
si pudiese producirse sin la barrera de la falta de papeles. Hoy se
necesitan no solo sanitarios sino profesionales de otras muchas ramas
imprescindibles para la sanidad. La población migrada puede aportar su
juventud, su experiencia, los muchos cursos que aquí realiza y sus
innegables ganas de trabajar.
Estas mismas consideraciones son las
que han llevado al gobierno portugués a decretar una suerte de
regularización general para todas las personas que tenían en trámite su
solicitud de permiso de residencia y permitir así a todas estas personas
unirse a la lucha contra el virus.
Si se pretende que al virus le
derrotemos entre toda la sociedad solo será posible en condiciones de
igualdad y no discriminación.
Este gobierno que se llama progresista y valiente y que se postuló para mejorar las condiciones de vida de toda la población, tiene que hacer honor a todo ello. No puede ceder a las presiones racistas de la derecha. Tiene que regularizar a todos los sin papeles sin dilación y acabar así con la discriminación hacia estas personas y que coloca a la sociedad entera en inferioridad de condiciones en la lucha contra la pandemia.
Desde aquí llamamos a todas las organizaciones sociales, a todas las personas a levantar una campaña por la regularización de las personas migradas que viven en el estado español. Porque es de justicia y en estas circunstancias, de extrema necesidad.
Por eso exigimos:
1. Empadronamiento de oficio a todas las personas que vivan en el municipio.
2. La regularización con permiso de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo.
3. La concesión de autorización de trabajo sin necesidad de contrato a los jóvenes ex tutelados con permiso de residencia.
4.
Reconocimiento de inmediato de la condición de refugiadas, y el pase
directo a autorización de residencia en igualdad de condiciones con el
resto de personas migradas.
5. Aplicar el art. 127 entendiendo
“cuando concurran razones de interés publico o de seguridad nacional…”
es de interés publico y social garantizar los derechos de toda la
ciudadanía pasando por regularizar, los que están en situación
administrativa irregular.
Puedes adherirte a la propuesta aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwPEao8ACYUa6c8p-yZKISHtMO5Ynu5CRI5gNCavxnNP_Iw/viewform
