Desde la Plataforma Comunitària Treball Sexual i Convivència llevamos años denunciando la presencia de redes organizadas de tráfico de personas y reclamando a las diferentes administraciones y fuerzas de seguridad que actúen aplicando protocolos de protección que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres afectadas.
Ante el operativo realizado en los últimos días en el barrio del Raval de Barcelona, declaramos no compartir ni las formas ni los modos de ejecución.
Mucho menos las consecuencias y repercusiones que tiene para las mujeres que han rápidamente dejado de ser víctimas para convertirse en “ilegales”.
Instamos por lo tanto a los poderes públicos a GARANTIZAR a las personas detenidas víctimas de las redes de explotación:
* la presencia de mediadoras, intérpretes u observadoras independientes que puedan garantizar un trato correcto sin violencia ni coacción en las diferentes instancias policiales
* que prevalezca su situación como víctima de explotación frente a la situación de irregularidad administrativa. Que se paralicen los procesos de expulsión y que se revoquen aquellos ya iniciados. Que se otorgue a las víctimas la posibilidad de acogerse al artículo 45.5 del RD 2393/2004 del 30 de diciembre, Reglamento de la Ley de Extrangería que concede por la colaboración con las autoridades permiso de residencia por razones de interés público.
* La protección de las personas víctimas de explotación poniendo los medios y recursos necesarios
Por otra parte, frente a la atención suscitada en los medios de prensa y a ciertas declaraciones allí reflejadas, creemos que debemos recordar la importancia de un tratamiento de la información contrastado, respetuoso y ético.
Barcelona, 17 de novembre de 2006
Plataforma Comunitària Trebal Sexual i Convivència.
