Carta de demanda al gobierno #RegularizacionYa

A la atención del Presidente Pedro Sánchez, Vicepresidente Pablo Iglesias, Ministra de Igualdad Irene Montero, Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, Ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y Defensor del Pueblo Francisco M. Fernández Marugán.

Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria

La lucha de las personas migrantes y refugiadas, que exige al Gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para contener al COVID19, seguimos movilizadas para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra dignidad, e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana. 

Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas  autoorganizadas, alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden  acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales. 

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en situación administrativa irregular.

En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y  colectivos en todo el territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando visitó a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación-. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.

La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de estado de alarma venimos denunciando que las medidas adoptadas por el  Gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas. 

Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a “uso y desuso” de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin papeles”. Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas, y demandamos mediante un proceso extraordinario: 

1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.
2. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio. 
3. Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes. 
4. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.
5. Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.
6. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.
7. Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.

El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas  juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, “legal/ no legal”, persona/ no persona.

Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho, nos racializa y nos invisibiliza. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida. 

Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro.

ORGANIZACIONES Y COLECTIVAS ADHERIDAS:

ORGANIZACIONES Y COLECTIVAS ADHERIDAS:

A la atención del Presidente Pedro Sánchez, Vicepresidente Pablo Iglesias, Ministra de Igualdad Irene Montero, Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, Ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y Defensor del Pueblo Francisco M. Fernández Marugán.

Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria

La lucha de las personas migrantes y refugiadas, que exige al Gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para contener al COVID19, seguimos movilizadas para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra dignidad, e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.

Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en situación administrativa irregular.

En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y colectivos en todo el territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando visitó a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación-. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.

La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y refugiadas. Estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de estado de alarma venimos denunciando que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas.

Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a “uso y desuso” de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin papeles”. Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad. Por ello exigimos un cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas, y demandamos mediante un proceso extraordinario:

1.Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.

2.Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio.

3.Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes.

4.Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.

5.Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.

6.Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.

7.Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.

El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, “legal/ no legal”, persona/ no persona.

Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho, nos racializa y nos invisibiliza. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida.

Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro.