Ja fa temps que des de Dones x Dones insistim en el tema de l’augment de la militarització en espais públics i per això donem suport i compartim aquest article d’Ainhoa Ruiz Benedicto del Centre Delàs, per a El Salto, de l’1 de desembre de 2022.
Las armas “no lletales” no existen. Los potenciales usuarios de este tipo de armamento, cuerpos de seguridad y militares, banalizan su uso y la peligrosidad que comporta, ya no por un posible mal uso, si no por su utilización en sí.
No, no existen las armas no letales, ya nos toca desmontar este mito, la gran falacia construida en torno a este tipo de armamento. Así deberíamos responder a las empresas que las producen, a los militares y a los policías cuando venden ciertos productos de “control del orden público” como “no letales” o “menos letales”. De hecho, todas las armas son letales. Se ha podido demostrar la capacidad de estas armas para causar lesiones graves, torturar y para matar. La nomenclatura de “armas menos letales” es, por tanto, una falacia.
Actualmente, existe consenso social sobre la cuestión de que el lenguaje determina nuestra forma de pensar y actuar. En el caso de este tipo de armamento, nos hacemos un escaso favor cuando aceptamos denominarlo “menos letal”. De esta forma sus potenciales usuarios, cuerpos de seguridad y militares, banalizan su uso y la peligrosidad que comporta, ya no por un posible mal uso, si no por su utilización en sí. Por tanto, parece necesario huir del debate sobre si los cuerpos de seguridad deben formarse adecuadamente para usar este tipo de armamento. La realidad es que, las armas de cualquier tipo pueden ser utilizadas de forma incorrecta a propósito o sin querer, y se trata de errores que pueden costarle a alguien un ojo o incluso la vida. Un dolor social y físico que se vive con pocas garantías de reparación y con muy poco reconocimiento social.
Bajo esta etiqueta lo que se busca es una supuesta humanización del despliegue de las herramientas ya conocidas del mantenimiento del orden público, construidas en base a que un determinado “orden” del espacio público está por encima del derecho a la protesta y a la contestación, aunque eso implique generar desorden. Aquí encontramos el problema principal, ya que estamos ante un modelo que presenta dificultades desde sus raíces ¿Estamos valorando el impacto social que causan estas armas? ¿Se evalúa la efectividad, en términos de reducción del conflicto, del despliegue policial en estos contextos?
Un organismo tan poco sospechoso de antisistema como son las Naciones Unidas publicó un informe en mayo de este mismo año (A/HRC/50/42), en el que apunta a dos cuestiones que resultan fundamentales en este debate; primero, que la violencia contra las protestas sociales pacíficas está aumentando en todo el mundo; segundo, que la progresiva militarización de la protesta genera más violencia. Entre las preocupaciones que resalta el informe, se incluye el clima generalizado de impunidad, una forma de violencia estructural que cabe considerar a la hora de plantearse el modelo de actuación ante las protestas.
Desde luego, es importante introducir medidas que nos lleven a mejorar la fiscalización del uso de estas armas. Unas pelotas de foam numeradas con el número de identificación del policía que las utiliza, por ejemplo, podría mejorar la identificación y la reparación. Pero las lesiones ya han sido causadas. Paralelamente, necesitamos, y no podemos renunciar, reclamar una reflexión profunda sobre las causas que producen un aumento de las protestas sociales ¿Estamos retrocediendo en derechos? Entendiendo las necesidades físicas básicas como derechos. Al mismo tiempo necesitamos conocer con datos e investigaciones independientes el impacto del despliegue policial en determinados contextos ¿Contribuyen a generar más violencia?
Mientras tanto, podemos avanzar dando a estas armas la relevancia que requieren. No existe arma que no sea letal, la única arma no letal es la que no se utiliza.
